Una joven que huyó de la junta militar en Myanmar y vivió el terremoto desde Tailandia: “Mentalmente estoy mal”

Chick estaba en la planta 23 del hotel de lujo donde trabaja como practicante, a punto de salir de su trabajo, en pleno centro de Bangkok (Tailandia), antes de sentir el temblor. La mañana del 28 de marzo, su jefa le pidió que se quedara en el bar, justo enfrente de la piscina donde dos clientes disfrutaban de su baño en la azotea del hotel. “De repente, un compañero me preguntó: 'Chick, ¿sientes el temblor?' Le respondí que no”, recuerda la mujer. Cuando vio cómo el agua de la piscina se salía por todas partes, la joven de 25 años se percató de que era un terremoto.

Cuando los temblores del seísmo fueron a menos, bajó hasta el hall y se encontró con el resto del equipo. “En ese momento pensaba que el terremoto sólo había ocurrido en Tailandia”, recuerda Chick (nombre falso para proteger su identidad). Minutos más tarde, cuando pudo mirar las redes sociales, vio que la situación en Myanmar era mucho peor. En su país de origen han muerto más de 3.600 personas a raíz del terremoto de magnitud 7,7, según los datos oficiales del régimen castrense que tomó el poder mediante un golpe de Estado en febrero de 2021.

La Asistencia Humanitaria de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) calcula que más de 40.000 viviendas han sido dañadas o destruidas y las réplicas siguen sacudiendo las zonas afectadas, amenazando con más destrucción y pérdidas a las comunidades que ya han sido devastadas.

“No fue hasta la madrugada del día siguiente, a las 04:00, cuando por fin pude contactar con mi padre. Todos están bien. Viven en la frontera con Tailandia, lejos del epicentro del terremoto”, relata a elDiario.es Chick, quien lleva más de cuatro años sin ver a su familia. Dice que ha escuchado que muchos de los muertos en un edificio derrumbado en Tailandia por el terremoto venían de Myanmar, como ella.

En las pasadas dos semanas, han sido recuperados 37 cuerpos sin vida y 57 personas aún no han sido halladas tras el derrumbe de la Oficina Estatal de Auditoría, que estaba en construcción. La joven reconoce dice sentirse culpable por estar viva. “Mentalmente estoy mal”, explica en una videollamada con elDiario.es.

Discriminación contra los birmanos

Le cuesta expresar lo que implica ser migrante en un país como Tailandia. Desde hace meses, los migrantes como ella se enfrentan a un aumento del discurso de odio a través de las redes sociales con afirmaciones falsas que acusan a los trabajadores procedentes de Myanmar de exigir un salario mínimo diario de 700 baht (unos 18 euros), casi el doble de lo que se paga a los tailandeses.

Según la Organización Internacional de las Migraciones, hay 2,3 millones de birmanos trabajando en la capital tailandesa, cifra que se traduce en un 70% de la mano de obra migrante. La OIM también estima que 1,8 millones de personas trabajan ilegalmente.

El resentimiento en Tailandia hacia los birmanos se remonta a siglos atrás, cuando en 1767 las fuerzas de Birmania invadieron la capital, mataron a civiles y soldados y tomaron a miles de prisioneros. En declaraciones a AFP, Hnin Wut Yee, experta en derechos laborales de Myanmar, aseguró días antes del terremoto que las autoridades tailandesas tratan de explotar los resentimientos históricos: “Hacer referencia a la historia o alertar contra estas invasiones extranjeras puede desencadenar la mentalidad nacionalista, o podría mantener un sentimiento de unión en defensa de enemigos externos”, declaró.

Chick es originaria de Yangón, capital de la antigua Birmania, y escapó de su país en 2021. “No pude terminar mis estudios, me quedé en el tercer año de la carrera de Literatura Inglesa, pero he tratado de trasladar todos mis conocimientos a los niños y jóvenes que también escapan de la guerra [y se refugian] en Mae Sot”, región tailandesa fronteriza con Myanmar, explica. “Si me devuelven a las autoridades birmanas, vete a saber lo que me puede pasar”. Se ríe, pero en la pantalla pone la mano a la altura de su cuello y hace un gesto para indicar que la matarían por haber estado implicada con uno de los grupos que se movilizaron en contra de la junta militar.

Cuando huyó de su país, Chick tenía la ilusión de poder reconstruir su vida y cumplir sus sueños de hacer un máster en el extranjero. Ahora, su día a día se reduce en seguir en pie. “Estamos vivos, pero nos cuesta respirar. Somos un pueblo que ha sufrido mucho. Tenemos mucha presión encima”, señala la joven, con la impotencia de no poder regresar a su país. “Pero luego pienso que estoy viva, que tengo un trabajo y comida. Hay personas que lo han pasado mucho peor que yo, que lo han perdido todo en Myanmar”.

Según el último informe anual de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), 3,3 millones de personas se encuentran desplazadas y 18,6 millones necesitan ayuda humanitaria en Myanmar. Tras el terremoto, la Oficina de la ONU para la Coordinación Humanitaria (OCHA) calcula que 6,3 millones de personas necesitan ayuda y protección urgentes, lo que supone un aumento de dos millones de personas respecto a antes del seísmo.

Un país sumido en “una guerra civil de facto”

Myanmar está en “una guerra civil de facto”, afirma Javier García cofundador de Colabora Birmania, organización española que asiste a las comunidades vulnerables birmanas en la región fronteriza de Mae Sot.

Días después del terremoto, la junta militar encabezada por el general Min Aung Hlaing –que lideró el golpe de Estado contra el gobierno democráticamente elegido de Aung San Suu Kyi– siguió bombardeando los territorios fuera de su control, pese a la devastación causada por el seísmo. Tras las denuncias y presión internacionales, la junta militar declaró un alto al fuego temporal hasta el 22 de abril.

Desde febrero de 2024, la junta militar obligó a todos los hombres de entre 18 y 35 años, y a las mujeres de entre 18 y 27 años, a servir dos años a las Fuerzas Armadas del país. “El reclutamiento forzado ha hecho que muchos jóvenes huyan en masa”, afirma García. Según publicaba FE5 Tanintharyi, un grupo de investigación que ha estado monitorizando los movimientos migratorios en la región, en 2024, más de 6.300 personas fueron arrestadas por entrar en Tailandia de manera ilegal. La mayoría de ellos fueron devueltos en Myanmar y reclutados por las autoridades birmanas para servir en el Ejército.

Antes de cruzar ilegalmente la frontera con Tailandia, Chick encontró cobijo en el KNU, la Unión Nacional Karen. Se trata de una de las organizaciones que forman parte de la Organización Armada Étnica (EAO) y apuesta por la autodeterminación del pueblo karen. La EAO es una unión de grupos étnicos (en Myanmar hay más de 100) que, después del golpe de Estado, se unieron con el fin de derrocar a la junta militar, aunque tienen diferentes estrategias y visiones políticas y cada uno posee su brazo armado. Unos 17 grupos de la EAO también se unieron al Gobierno de Unidad Nacional (NUG), considerado como el gobierno legítimo de Myanmar, compuesto por parlamentarios destituidos y líderes de varios partidos étnicos opositores.

“Me puedes considerar una revolucionaria, pero nunca sostendré una pistola”, ríe Chick a través de la pantalla. Para agradecer el cobijo que encontró con el KNU, la joven trabajó voluntariamente con la organización como administrativa en un hospital.

Los múltiples grupos, alianzas y uniones explican la complejidad de la guerra. Sin embargo, pese a las diferencias “todos los grupos están de acuerdo que hay que luchar contra la junta militar”, afirma García.

La familia de Chick, en Myanmar, formó parte del Movimiento de Desobediencia Civil (CDU) y participó en las primeras movilizaciones contra el régimen. Su madre, enfermera de profesión en el hospital público se negó, como muchos otros funcionarios, a seguir trabajando para los militares. “Ahora están con mi padre y mi hermana más pequeña en la frontera. Pero no quieren dejar el país porque lo quieren. Aman Myanmar”.

Su hermana mediana se encuentra en Chiang Mai, ciudad al norte de Tailandia, a 701 km de Bangkok. Asegura que, por suerte, todos sus familiares están bien y que puede estar en constante comunicación con ellos, pero no quiere dar detalles sobre su situación para protegerles.

“Estamos siendo ejecutados, diariamente, en todas partes”

“La guerra es como si fuera algo normal. Pero estamos siendo ejecutados, las casas se están destruyendo, diariamente, en todas partes”, denuncia Chick. Su tono de voz es sereno, directo e incisivo.

A fecha de 3 de abril de 2025, la Asociación de Asistencia para los Presos Políticos (AAPP) asegura que la junta militar ha asesinado a 6.481 personas y arrestado a 28.985. Entre los asesinados hay más de 3.000 cuerpos sin identificar y también hay 749 menores y 1.491 mujeres. Según un informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicado el pasado 17 de septiembre, los detenidos por las autoridades birmanas sufren una “falta de garantías judiciales” e, incluso, abusos y torturas.

Es difícil saber lo que ocurre en el país desde que la junta militar (oficialmente, Consejo de Administración del Estado, SAC) está aplicando su estrategia de los “cuatro cortes”: cortes de financiación, comunicaciones, alimentos y asistencia sanitaria en los territorios que no están en sus manos. Después del terremoto, ONG y agencias de la ONU advierten de las dificultades para prestar ayuda humanitaria a las zonas que no están controladas por el SAC.

Colabora Birmania es una de las pocas organizaciones que presta asistencia a los birmanos que escapan de Myanmar y que no tienen refugio. La ONG sabe lo que ocurre en el país a través de los relatos de los migrantes. Desde el verano de 2024, “el Gobierno tailandés no permite que entre más gente en los campos de refugiados. Están desbordados y no hay capacidad”, explica García desde Madrid.

“Algunos de los que cruzan el río Moei [en la frontera con Tailandia] sí que son solicitantes de asilo, pero hay otros que no saben ni que pueden solicitarlo. Vienen de pequeñas aldeas Karen que han sido ocupadas por el ejército o les han puesto minas, que es una de las estrategias del Tadmadaw [Fuerzas Armadas de Myanmar]”.

Según un informe de la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Terrestres, en 2023 se registraron 1.003 víctimas en Myanmar, casi el triple que el año anterior. Esta cifra supera las 933 víctimas registradas en Siria durante el mismo período, convirtiéndose en el país con el mayor número de víctimas por minas antipersona y restos explosivos de guerra.

Cuando los militares toman una aldea, cuenta García, “violan a las mujeres, matan a los hombres y reclutan a los niños para el Ejército. Luego ponen minas antipersona para que esa zona no se pueda repoblar. Por eso muchas de las personas que cruzan la frontera son gente que vive del campo. No solicitan asilo porque ni lo saben y, a su vez, Tailandia tampoco se lo daría”.

Una vez pasada la frontera, las mujeres y niñas “son las primeras en caer en las redes de trata y prostitución”, señala el cofundador de Colabora Birmania. “Las mafias no cobran tanto por cruzar la frontera, sino que esperan para estafar [a los migrantes] en Tailandia”, concluye García.